Se generan reacciones en Panamá sobre condena en caso Odebrecht

La identidad del delator se mantiene en reserva 'por temor a su seguridad y la de su familia', según su defensa, aunque el diario La Prensa aseguró que fuentes judiciales confirmaron que se trata del empresario Jorge Espino, quien en su declaración vinculó a Jaime Ford, exministro de Obras Públicas.

Múltiples críticas provenientes de la sociedad civil, abogados y sondeos públicos de los medios de difusión, señalaron la falta de transparencia que el método implicó, porque no se puede conocer así el caso, y empeora la imagen de la justicia local, acusada por manifestantes de cómplice de la corrupción.

En la audiencia, la fiscal Zuleica Moore sustentó el acuerdo y la eficacia de la colaboración, al detallar que a través de una sociedad anónima a su nombre recibió millones de dólares de la sociedad Aeon Group Inc., controlada por Odebrecht para el pago de sobornos, entre ellos a Ford, quien recibió dos millones de dólares.

Mientras, otras filtraciones revelaron que el empresario Raúl de Saint Malo, hermano de la vicepresidenta Isabel de Saint Malo, supuestamente es parte de un esquema para lavado de activos, según las investigaciones de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, publicó el diario La Estrella.

La vinculación se originó en su sociedad empresarial marítima con los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), prófugos de la justicia panameña e investigados por recibir dinero ilícito de la multinacional brasileña.

De Saint Malo admitió en su interrogatorio las cuentas de donde se hicieron pagos de tanqueros de su empresa para suministro de combustible a naves, las cuales pertenecían a uno de los Martinelli Linares, donde recibieron dinero de la 'Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht', encargada de los sobornos.

Aunque dijo desconocer el origen del dinero, según la fuente, dejó constancia de que su actuación como socio se enmarcó en actividades reguladas por intermediarios financieros supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en un intento por distanciarse del delito.

Pero otra investigación publicada anteriormente por el mismo periódico, refirió actuaciones ilegítimas en la libre competencia del sector marítimo de la mencionada empresa, basadas primeramente en los vínculos con el poder ejecutivo de los hijos del entonces presidente, y actualmente los de Saint Malo.