CIDH señala al Estado colombiano responsable de "exterminio" de militantes de izquierda
El Estado colombiano es el “responsable” del "exterminio" de miles de militantes de izquierda en las décadas de 1980 y 1990, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinada este lunes, que también ordenó reabrir las investigaciones de esos crímenes.
01 febrero 2023 |
La UP es un partido político colombiano que apareció en 1985 en el marco de un fallido proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero sus militantes quedaron a merced de grupos armados que se empeñaron en eliminarlos.
Muchos de sus integrantes fueron asesinados y otros, condenados al exilio, como es el caso de Carlos Andrés Pérez, exalcalde de Chirigodó, exiliado en Suiza, uno de los pocos supervivientes del “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que sus militantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” por más de dos décadas.
“He estado bastante conmovido por esta sentencia, ha sido bastante novedoso para nosotros los integrantes de la Unión Patriótica. El impacto ha sido grande, han sido más de 29 años en esta lucha, en estos ires y venires. Mucha gente nuestra ha muerto y (la sentencia) es algo reconfortante para quienes nos dejaron, (es una forma de decirles) que exaltaremos siempre su memoria” aseguró Pérez.
Algunas de las víctimas fueron el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, quien el 22 de marzo de 1990, fue asesinado a tiros en el aeropuerto internacional de Bogotá y el postulante del partido en los comicios de 1986, Jaime Pardo, quien también murió tras ser blanco de disparos, mientras circulaba por un camino rural, el 11 de octubre de 1987.
La Corte determinó que las investigaciones judiciales de los crímenes de los miles de militantes de la UP "no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad".
En búsqueda de la paz
Pese a la alegría que le produce esta decisión de la Corte, esperada por cerca de tres décadas, Carlos Andrés Pérez reconoció que aún falta mucho para verdaderamente vivir en paz.
“Para estar en paz interior y total, todavía falta buscar a nuestros desaparecidos, terminar los procesos judiciales que hacen falta, la reconstrucción del país, esa participación política y la verdadera inclusión de la Unión Patriótica. Por ejemplo, yo fui alcalde en esa región y si no hubiese estado detenido, torturado o en el exilio, me imagino que hubiese sido un senador o posiblemente un candidato o un presidente de la república, como muchos y muchas de mis compañeros. Yo pienso que todavía falta mucho para reconfortarse y para reconstruir, pienso que se ha dado un paso importante a través de una sentencia significativa, que no la podemos desestimar para seguir trabajando y seguir reconstruyendo un país totalmente democrático e incluyente”.
Entre las medidas de reparación a las víctimas, la CIDH ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales, por lo que el exalcalde explica que este caso no está totalmente cerrado: “se sigue continuando sobre este proceso, entendiéndose que hay un cierre de la determinación, pero sigue un acuerdo relacionado con las diferentes entidades del Estado para darle seguimiento y cumplimiento a la sentencia”.
Pérez, quien fue integrante de la UP, señaló que entes como la corporación Reiniciar y la Unión Patriótica, se han dedicado a coordinar procesos con las víctimas y agregó que actualmente se encuentran haciendo seguimiento a la sentencia, con lo que denominan “la subcomisión para el recibimiento y seguimiento de la sentencia, integrada por parte del exilio de la Unión Patriótica”.
La reparación a las víctimas
Como medidas de reparación, la Corte pidió, entre otras cosas, buscar a los desaparecidos, reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas.
El texto señala que como consecuencia del "rápido ascenso" de la UP en la política colombiana, "comenzaron los actos de violencia" por parte de "una alianza" entre paramilitares, políticos tradicionales, policías y empresarios.
La violencia hacia los militantes de la UP "se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", detalló la Corte con sede en San José.
Además indicó que se trató de "un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes", lo que constituye "un crimen de lesa humanidad".
El partido de izquierda UP se introdujo en la política colombiana tras fundarse a finales de mayo de 1985, a raíz de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la administración del expresidente Belisario Betancur.
