New York Time asegura que en Darién se llevan a cabo violaciones atroces

Grupos de ayuda con larga trayectoria, incluyendo Médicos Sin Fronteras y UNICEF, con experiencia trabajando en conflictos, dicen que los ataques son organizados y excepcionalmente crueles.

Los asaltos con frecuencia incluyen casos en los que decenas de mujeres son violentadas en un solo suceso.

En enero y febrero, Médicos Sin Fronteras (MSF) registró 328 denuncias de violencia sexual, frente a las 676 de todo el 2023. Este año, se dieron 113 en una sola semana de febrero.

“El nivel de brutalidad es extremo”, dijo Luis Eguiluz, director de la organización en Colombia y Panamá.

La oficina de Médicos Sin Fronteras en un campamento de migrantes administrado por el gobierno de Panamá ha estado cerrada desde marzo. Foto: Federico Ríos/The New York Times.
Diversas organizaciones humanitarias0, entre ellas Human Rights Watch, acusan a la policía fronteriza de Panamá, que está encargada de la seguridad en la selva y que cuenta con agentes patrullando la zona, de no proteger a los migrantes y permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.

Estas acusaciones se producen en un momento en que altos funcionarios panameños expresan su creciente frustración por el costo económico y medioambiental que la migración ha infligido al pequeño país, y en medio de cada vez más llamados entre líderes políticos —incluyendo candidatos de las próximas elecciones— a detener el flujo de personas.

El máximo responsable de seguridad en Panamá, Juan Manuel Pino, cuyo ministerio supervisa a las 5,000 personas que integran la policía fronteriza, conocida como SENAFRONT, declinó repetidas solicitudes de entrevista.

Varios funcionarios panameños dijeron que el problema no era tan grave como lo describen los grupos de ayuda y los migrantes.

El New York Times entrevistó a más de 70 personas que dijeron haber sido víctimas de robo a mano armada . Catorce eran mujeres que dijeron haber sufrido violencia sexual. Foto: Federico Ríos/The New York Times.
El fiscal encargado de dirigir las investigaciones sobre el crimen organizado, Emeldo Márquez, insistió en una entrevista en que la violencia sexual en la ruta de los migrantes en su país “ha disminuido”.

Hasta hace poco, MSF era la principal organización sin fines de lucro que prestaba asistencia sanitaria a los migrantes al final de la ruta del Darién, con 67 empleados que atendían a unas 5000 personas al mes, según la organización. También era el principal grupo que recogía testimonios de denuncias de agresiones sexuales.

Pero a principios de marzo, tras las repetidas declaraciones públicas de la organización sobre la violencia contra los migrantes, Panamá ordenó a MSF que suspendiera sus operaciones.

Varias comunidades indígenas Emberá en la selva ahora están trabajando para transportar a migrantes fuera de la selva en botes, a un costo de $25 por cabeza. Foto: Federico Ríos/The New York Times
La oficina de MSF en un campo de migrantes gestionado por el gobierno de Panamá ha estado cerrada desde marzo.

El ministro de Salud del Panamá, Luis Fernando Sucre, declaró en una entrevista con el Times que el grupo médico no había cumplido la normativa local, que incluía comunicar los nombres de las víctimas de agresiones sexuales al gobierno para ayudar en las investigaciones.

La orden de suspensión, dijo, no era una represalia por los informes del grupo sobre ataques en la selva.

Mientras las crisis en todo el mundo han empujado a un número récord de personas a abandonar sus hogares, la selva del Darién —que hay que atravesar a pie para llegar a Estados Unidos desde Sudamérica— se ha convertido en un rito de paso implacable para quienes buscan una nueva vida.

John Barrett, subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Foto: Federico Ríos/The New York Times
Panamá, un país de poco más de cuatro millones de habitantes, ha visto pasar a un millón de migrantes en solo tres años. Esa marea de personas ha costado al país $70 millones, incluido el dinero gastado en alojamiento y comida en los campamentos gestionados por el gobierno al final de la selva.

Las acusaciones de agresión sexual se producen en un momento en el que el gobierno de Joe Biden aumenta la ayuda a Panamá, país al que ha calificado de socio clave en sus esfuerzos por controlar y detener el flujo de personas.

En los últimos tres años, Washington ha entregado casi $ 40 millones para ayudar a Panamá a hacer frente a la migración.